En años recientes escribí en mi columna “Salud Pública”, en el Noticias, un diario de gran circulación en el estado de Oaxaca, varios artículos relacionados con el presente texto, impresionado por la creciente cantidad de hechos de sangre ocasionados por la delincuencia común y por los carteles del crimen organizado, dados a conocer cada día por los medios masivos de comunicación, en la nota roja de los periódicos de todo el país y en la radio y televisión, situación que ha tomado tintes de mayor brutalidad en los últimos años. Apenas el famoso periodista Joaquín López Dóriga expresó en su noticiero del Grupo Fórmula, que México ha registrado en un tiempo récord más de 400,000 homicidios, cifra muy superior a los cometidos en los países en tiempos de guerra; a esos crímenes se suman los cientos de miles de personas desaparecidas en los que predominan individuos jóvenes, sobre todo varones; en el caso de las mujeres la violencia, cada vez mayor, ha causado una epidemia espantosa de crueles feminicidios. El problema es mayúsculo cuando también se ha incrementado el grado de agresividad en los hogares con actos de violencia intrafamiliar, en los que las madres de familia y sus hijos son los que más sufren de ese flagelo social.

Me parece que la situación que comento se observa en todas las entidades federativas, siendo unas cuantas donde los registros oficiales señalan un menor grado de delitos de esa naturaleza. En lo que va del presente siglo las muertes ocasionadas principalmente por la mafia, han llegado a grados extremos de crueldad y exterminio de las víctimas inocentes que lamentablemente son objeto de terribles atrocidades, pero también son de suma preocupación los asesinatos que a sangre fría se cometen por criminales que utilizan una motocicleta para su ruin objetivo. Casi en todos los hechos de sangre finalmente quedan en el olvido sea porque no se denuncian o porque las autoridades oficiales no concretan sus investigaciones y las carpetas que se acumulan en los archiveros se llenan de polvo sin concluirse los procesos con total impunidad para los asesinos.

La impunidad es de tal magnitud como lo observado el pasado 2 de octubre cuando alrededor de 350 jóvenes encapuchados tomaron por asalto los comercios y edificios públicos e inmuebles privados tomando como pretexto la 57 conmemoración de los hechos ocurridos en la famosa matanza de Tlatelolco, en la ciudad de México; en ese sentido como nunca los delincuentes concentrados en el llamado “bloque negro” se manifestaron con un grado de extrema agresividad ante los ojos de los inermes contingentes de policías de la ciudad de México, que fueron comisionados para supuestamente proteger a la ciudadanía y los derechos humanos de los contingentes que participaron en la tradicional marcha hacia la plaza de la Constitución, conocida popularmente como el Zócalo. De los 1,500 policías que finalmente fueron concentrados en todo el recorrido abanderado por el llamado “comité de huelga del 68”, cerca de medio millar resultaron lesionados y canalizados para su atención médica en diversos hospitales de la capital del país, de los cuales 20 fueron diagnosticados como delicados o graves; muy lastimosa fue la actuación de las fuerzas del orden que solo se dedicaron a actuar como testigos inermes que con suma impunidad se mostraron los vándalos.

Este problema social obviamente no es privativo de nuestro país, pues los noticieros nos informan de los hechos de violencia que diariamente ocurre en todo el mundo; simplemente, se sabe, que se tiene un registro de alrededor de 120 conflictos con un número de víctimas civiles y militares en los continentes de Europa, Asia, África y América; tras de nuestra frontera con los Estados Unidos de América y con las naciones de Centro América el deterioro de sus sociedades se ha vuelto muy difícil de contener, sobre todo en el primer país señalado, donde al parecer cada familia mantiene en sus hogares por lo menos un arma de fuego.

Volviendo a México los ciudadanos de pie como el que escribe no podemos entender ni cómo ni cuándo los gobiernos federal, estatal y municipal podrán detener, controlar y minimizar el avance de tanta violencia. Con horror nos enteramos cada día acerca de nuevos carteles que han surgido como hongos en las diversas regiones con la protección de las autoridades oficiales; un buen ejemplo de ello es la aparición de la llevada y traída mafia de “la Barredora” con centro de operaciones en el estado de Tabasco. Pareciera una inocentada el pronunciamiento de las autoridades gubernamentales cuando informan de cierta reducción de los diversos delitos que se cometen durante su gestión. La realidad es que navegan en medio de la mediocridad, ineficiencia, carencia de experiencia y que al final de cuentas dejarán sus respectivos cargos sin mostrarnos resultados de impacto. Para la Salud Pública el mantenimiento de un estado permanente y progresivamente peligroso de violencia es gravemente preocupante por el aumento de casos y muertes, además de la afectación de la salud mental de la población ante la inseguridad en que vive, lo que ha llevado a que la depresión, la ansiedad, el estrés y la casuística  de suicidio vulneren a nuestras familias. Pareciera que la sociedad está lejos de Dios, pues las nuevas generaciones carecen de valores y virtudes para conducirse por el camino del bien; en ello no solo implica o conlleva la intervención de cada familia sino también de las distintas iglesias registradas en México, las que parecen estar ausentes del cumplimiento de su función social.

Seamos realistas, asumamos el rol que nos compete para prevenir en nuestros hijos, y de estos a sus hijos, que nuestro mundo se siga deteriorando y no se acelere el final de nuestra especie civilizada.